Trekan, una organización con oficina en Limache, ha recibido más de $6.300 millones en transferencias durante la actual administración, lo que motivó a la diputada Paula Labra a solicitar una fiscalización de Contraloría General de la República.
La ONG Trekan, con sede en Limache y fundada en 2015, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer un explosivo aumento en los montos adjudicados a través de convenios con diversas reparticiones del Estado, alcanzando la cifra de más de $6.300 millones en los últimos tres años.
El significativo incremento, que contrasta fuertemente con los menos de $2.000 millones adjudicados en sus siete años previos, motivó a la diputada Paula Labra a presentar una solicitud formal ante la Contraloría, advirtiendo sobre la posibilidad de estar frente a un nuevo «Caso Convenios».
Según los registros, las transferencias a Trekan se dispararon desde marzo de 2022, llegando a $874 millones ese año y superando los $1.900 millones en 2023. La organización trabaja en programas sociales a nivel nacional, incluyendo apoyo a personas en situación de calle, prevención del consumo de drogas y violencia contra la mujer.
Vínculos Familiares y Cuestionamientos
La parlamentaria también cuestionó los posibles vínculos familiares entre el presidente del directorio de la ONG, Jonatán Fuentealba, y Isaac Fuentealba, exasesor del Frente Amplio en la Convención Constitucional. A juicio de la diputada Labra, estas relaciones, sumadas a la adjudicación directa de algunos contratos, generan suspicacias que deben ser revisadas por los organismos de control.
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) es uno de los principales socios de la ONG, habiéndole transferido $2.200 millones en esta administración, seguido por la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social.
Defensas y Descargo
Desde la ONG Trekan, la organización defendió su historial, argumentando que el aumento de fondos es producto de una mayor experiencia en procesos licitatorios y de la ejecución de convenios que habrían sido firmados en administraciones anteriores. Además, recalcaron que son una entidad sin fines de lucro, asegurando que no reciben utilidades y que cualquier excedente de los programas es reintegrado al fisco.
Por su parte, la ministra Antonia Orellana descartó cualquier irregularidad, asegurando que la totalidad de los contratos fueron asignados mediante concurso público y bajo la supervisión de la Contraloría.
Se espera que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la solicitud de la diputada y determine si procede la fiscalización de los millonarios contratos de la ONG Trekan.
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